Por Zeng Yan BEIJING, 21 abr (Xinhua) — La decisión de Sanae Takaichi de enviar el martes una ofrenda ritual al polémico santuario Yasukuni, explícitamente como primera ministra japonesa, alimenta abiertamente el legado tóxico de Japón vinculado al militarismo. No solo constituye una nueva afrenta a las víctimas de la agresión en tiempos de guerra, sino también una señal preocupante que desafía los fundamentos morales del orden de posguerra. Presentado como un acto de duelo, el gesto en realidad conlleva un peso histórico y político mucho mayor. El templo sintoísta, ubicado en el centro de Tokio, no es un sitio religioso cualquiera. Es un símbolo político, ya que honra, entre otros, a 14 criminales de guerra japoneses de clase A condenados por la Segunda Guerra Mundial, glorificando el pasado militarista de Japón. Durante décadas, las visitas u ofrendas de líderes japoneses han provocado indignación en toda Asia, donde los recuerdos de la agresión en tiempos de guerra siguen siendo intensos. Dado el contexto, no hay lugar para las excusas. Cualquier acto oficial vinculado al santuario Yasukuni, especialmente en calidad oficial, es una señal política deliberada. Ninguna formulación retórica puede despojarlo de ese significado. También es una decisión consciente que ignora las sensibilidades de quienes sufrieron la agresión de Japón en tiempos de guerra. La decisión de Takaichi es coherente con su postura errónea de siempre. Tiene un historial de respaldo al revisionismo histórico que intenta blanquear los crímenes de guerra de Japón, y su reiterada relación con el santuario Yasukuni es anterior a su cargo como primera ministra. En los últimos años, las fuerzas de derecha en Japón han puesto a prueba y ampliado de forma gradual los límites de las restricciones de posguerra del país mediante pasos incrementales. La legislación de seguridad que reinterpreta la autodefensa colectiva, las revisiones de las estrategias de seguridad, la flexibilización de las normas de exportación de armas y los debates abiertos sobre los acuerdos de uso compartido de armas nucleares apuntan a un impulso por erosionar los principios fundamentales de la Constitución pacifista de Japón y avanzar hacia la remilitarización. Las acciones de la primera ministra japonesa forman parte de un patrón coherente. Desde su ascensión al cargo, Takaichi ha defendido una agenda de seguridad enmarcada en una denominada “situación que amenaza la supervivencia”, una lógica peligrosa que recuerda al expansionismo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Bajo su liderazgo, el gasto en defensa del país ha aumentado considerablemente, y se han acelerado los esfuerzos para adquirir capacidades de ataque preventivo. Aún más preocupantes son las señales que sugieren un debilitamiento del compromiso con los Tres Principios No Nucleares, considerados desde hace tiempo como un pilar de la política de seguridad de posguerra de Japón. Para los vecinos de Japón, esta combinación resulta profundamente alarmante. Un país que impulsa la expansión del poder militar mientras su líder rinde homenaje a criminales de guerra condenados no envía señales mixtas, sino muy claras. La sombra del militarismo no es un vestigio del pasado y, bajo Takaichi, acecha al futuro de Japón. Fin
