LA PAZ, 18 nov (Xinhua) — Tres de cada 10 litros de combustible subvencionado del volumen destinado al mercado interno de Bolivia terminan en redes de contrabando, ante lo cual el Gobierno analiza medidas para frenar el tráfico de diésel y gasolina, dijo la directora ejecutiva de la estatal Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, citada hoy martes por el Sistema de Radios de los Pueblos Originarios. Confirmó que la institución realiza un examen exhaustivo de los sistemas de monitoreo del abastecimiento, incluido el sistema B-SISA, la herramienta digital que controla el flujo de carburantes en todo el país. Ayala señaló que las primeras indagaciones apuntan a que el desvío no solo involucra a operadores externos, sino también a funcionarios de Sustancias Controladas, de YPFB y de la propia ANH “que están dilapidando los recursos del Estado”. La directora de la ANH afirmó que el problema se agrava por la falta de controles estrictos y la ausencia de sanciones, lo que, a su criterio, ha permitido que ciertas redes operen con impunidad. “La gente se ha acostumbrado a hacer lo que le da la gana”, sostuvo al anunciar auditorías internas que podrían derivar en responsabilidades penales y administrativas. El pasado fin de semana una persona fue aprehendida y a otra más se le ordenó detención domiciliaria tras un operativo sorpresa en la Planta de Almacenaje de Senkata, en la ciudad de El Alto (oeste), el cual permitió identificar a “mafias organizadas” dedicadas al desvío de carburantes. El contrabando, impulsado por la marcada diferencia de precios con países vecinos, opera principalmente en rutas hacia Chile, Perú, Paraguay y Brasil. La subvención a los hidrocarburos, que representa entre 4 por ciento y 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se encuentra bajo revisión en un escenario de presión fiscal, según el Gobierno que se ha fijado un plazo de tres semanas para ajustar los mecanismos de control y garantizar que el beneficio llegue a los sectores que realmente lo necesitan. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó la semana anterior que se trabaja paralelamente en un “plan social” para proteger a la población más vulnerable durante el proceso de reestructuración que analiza la eliminación de subsidios al combustible. Fin