BOGOTÁ, 21 oct (Xinhua) — La magistrada colombiana, María Leonor Oviedo, uno de los tres miembros del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió hoy martes al expresidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno y fraude procesal, manifestó su desacuerdo con la decisión y consideró que debería confirmarse la condena de 12 años que se le impuso en primera instancia. “Considero que la sentencia de primera instancia emitida por el juzgado 44 debió confirmarse en su totalidad como quiera que se evidencia que la conducta del procesado Álvaro Uribe Vélez se subsume en los tipos penales de su otro en la actuación penal y fraude procesal, bajo el título de imputación de determinador”, sostuvo al final de la audiencia. Oviedo señaló que en su concepto el Tribunal ha debido avalar las interceptaciones que la Corte ordenó “por error involuntario” al celular del expresidente Uribe. “La interceptación se ordenó bajo la ley 600 de 2000 por una autoridad competente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quien verificó la legalidad, la competencia funcional y los principios de necesidad y proporcionalidad, de manera que ya esa sala negó la exclusión y mantuvo la decisión”, precisó. Oviedo aseguró que se aparta de las decisiones tomadas por los otros dos magistrados, Alexandra Ossa y Manuel Merchán, encargado de leer la sentencia en segunda instancia en la que se absolvió al expresidente Uribe de la prisión domiciliaria, de la inhabilidad para ocupar cargos públicos y de la multa impuesta por la juez Sandra Heredia, el pasado 1 de agosto. Por su parte, el precandidato presidencial, Iván Cepeda (izquierda), quien es víctima acreditada en el caso que se ha extendido por 13 años, anunció que junto a su defensa acudirá al recurso de casación con el cual el caso volvería a la Corte Constitucional. “Advertimos una ausencia de valoración probatoria en los hechos jurídicamente relevantes, fueron ignorados de una manera absolutamente clara (…) piezas probatorias sustanciales que obviamente apuntan a la responsabilidad de Álvaro Uribe”, dijo. Cepeda añadió que junto a su defensa estudia otros escenarios como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros contextos jurídicos para apelar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que tumbó la decisión de la jueza Sandra Heredia, quien estuvo a cargo del juicio de Uribe por meses. El caso de Uribe Vélez se remite a 2012, cuando el senador Cepeda presentó un debate en el Congreso que incluyó testimonios de exparamilitares que señalaron a Uribe y a su hermano, Santiago Uribe, de fundar y liderar el Bloque Metro, un frente paramilitar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Uribe acusó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por presuntamente sobornar a exparamilitares en varias cárceles para que declararan en su contra y lo asociaran a él y a su hermano con narcotráfico y paramilitarismo. De manera inesperada, la Corte Suprema de Justicia archivó la acusación contra el senador Cepeda en 2018 y simultáneamente abrió una investigación contra el expresidente Uribe, quien decidió renunciar a su curul en el Senado para ser juzgado por la justicia ordinaria y no por la Corte Suprema Justicia. Fin