QUITO, 29 sep (Xinhua) — El Gobierno de Ecuador rechazó hoy lunes los actos de violencia registrados el fin de semana pasado en el cantón (municipio) de Cotacachi, en la provincia de Imbabura (norte), en el contexto del paro nacional convocado por el movimiento indígena contra la eliminación del subsidio al diésel, afirmó la vocera presidencial, Carolina Jaramillo. “El Gobierno nacional encabezado por el presidente Daniel Noboa, rechaza tajantemente los actos de violencia registrados en Cotacachi (…) estos actos terroristas disfrazados de protesta no son pacíficos”, dijo Jaramillo en su habitual rueda de prensa semanal. La portavoz del Gobierno se refirió a los enfrentamientos ocurridos el fin de semana pasado entre manifestantes y la fuerza pública en Cotacachi con saldo de un comunero fallecido, según denunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). De acuerdo con el Gobierno de Ecuador, la “emboscada” a un convoy que transportaba alimentos para abastecer zonas necesitadas de la sierra norte dejó 12 militares heridos y 17 desaparecidos. “Hay 17 militares que han sido secuestrados y seguimos sin conocer cuál es su paradero, ni el estado en el que ellos se encuentran”, apuntó la vocera presidencial, tras proyectar videos sobre el nivel de violencia con el que según la exposición actuaron los manifestantes. Respecto a la primera víctima mortal del paro, una persona identificada como Efraín Fueres, la vocera señaló que el asunto debe ser investigado por los organismos competentes. Añadió que en el paro existe una escalada de violencia por parte de grupos “terroristas” infiltrados en las manifestaciones, que buscan el enfrentamiento “entre el pueblo ecuatoriano”. Señaló en ese sentido que para proteger la vida de los ecuatorianos, la noche del domingo ingresó un convoy humanitario a la provincia de Imbabura, epicentro del paro indígena. Jaramillo rechazó los ataques al convoy encabezado por el presidente, Daniel Noboa, la retención de servidores públicos y la destrucción de bienes públicos y privados. “Esto ya no es una protesta, son delitos que amenazan la vida y la convivencia de los lugares donde estos hechos están sucediendo”, subrayó la funcionaria, al recalcar la postura del Gobierno de Ecuador de no negociar con los indígenas para frenar las manifestaciones. Fin
