MÉXICO, 13 ago (Xinhua) — El Gobierno de México informó hoy miércoles que el traslado de 26 individuos identificados como “generadores de violencia” a Estados Unidos forma parte de una estrategia para fortalecer la seguridad pública, reducir los índices de violencia en el país y salvaguardar a la ciudadanía, todo ello en estricto respeto a la soberanía nacional. “Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país. Esta es una decisión soberana en atención a la ley de seguridad nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional, en una acción alineada con la estrategia nacional contra la extorsión”, señaló el secretario (ministro) de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En conferencia conjunta del gabinete de seguridad García Harfuch afirmó que estos delincuentes de alto perfil continuaban dirigiendo actividades ilícitas aún privados de su libertad, aprovechándose de las visitas a las que tienen derecho. “Estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, agregó. El ministro mencionó que “muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga”. “Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado, significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”, dijo. García Harfuch insistió que esta medida se llevó a cabo para “impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”. “Estas 26 personas, que se encontraban recluidas en cinco centros penitenciarios federales y cuatro centros penitenciarios estatales, contaban con órdenes de extradición y enfrentaban diversas investigaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos, incluyendo tráfico de personas, homicidio, trasiego de droga, delitos con arma de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada”, explicó. El responsable de la seguridad de México informó que el gabinete de seguridad, en coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos al representar “una amenaza a la seguridad” de México y de Estados Unidos. Entre los delincuentes entregados se encuentran Abigael González, alias “El Cuini”, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CNG), y Servando Gómez “La Tuta”, líder de los Caballeros Templarios, entre otros individuos vinculados a Ismael Zambada, alias “El Mayo”, al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Tijuana y a “Los Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. En su intervención, el titular fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que la reciente extradición es un mensaje a la delincuencia que opera en los dos países, de que no habrá impunidad ni “obstáculo legal” que les impida “cumplir” con la tarea fundamental de defensa de la sociedad. El fiscal aclaró que no se aplicó la ley de extradición, “estamos aplicando la ley de seguridad nacional en su artículo quinto”, al igual que sucedió con los anteriores 29 enviados hacia Estados Unidos en febrero pasado. Gertz Manero dijo en claro también que no hubo ninguna negociación o acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos. Simplemente, se cumplió con un requerimiento. Fin