QUITO, 10 jul (Xinhua) — El Ejército de Ecuador destruyó un campamento de minería ilegal con capacidad para 10 personas durante una operación militar en el cantón Quilanga, en la provincia de Loja (sur), fronteriza con Perú, informó hoy jueves el Ministerio de Defensa Nacional. La institución indicó en su cuenta de la red social X que la operación se ejecutó “con el objetivo de desarticular estructuras que operan al margen de la ley y atentan contra el medio ambiente y la seguridad territorial”. Precisó, asimismo, que durante la intervención se inhabilitó maquinaria pesada e implementos utilizados en actividades ilícitas, entre ellos una excavadora, una bomba de succión industrial y una clasificadora tipo Z, máquina que es utilizada para separar materiales por su tamaño. Se hallaron, además, bombas de agua de alta presión, canalones de gran tamaño para actividad minera y bateas para lavado de oro. El Ministerio de Defensa Nacional añadió que estas acciones son parte del combate frontal del Gobierno a la minería ilegal como una problemática que afecta al país sudamericano. El Gobierno del presidente Daniel Noboa envió a mediados de junio pasado a la Asamblea Nacional (Parlamento) un proyecto de ley de Áreas Protegidas que permitiría la inversión privada en esas zonas para frenar la minería ilegal en el país. Argumentó que grupos armados y bandas del crimen organizado han encontrado fuentes de financiamiento en actividades ilegales dentro de las áreas protegidas. El 9 de mayo pasado, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal en el sector de Alto Punino, en la provincia de Orellana, en el noreste de Ecuador. El Ejército atribuyó el ataque al grupo armado Comandos de la Frontera, conformado por disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Gobierno ha identificado 387 puntos de minería ilegal en Ecuador, en 40 de los cuales existe presencia de grupos armados, según la Agencia de Regulación y Control Minero. Las zonas más conflictivas se encuentran en nueve de las 24 provincias del país, entre ellas las provincias amazónicas de Napo (centro-norte), Sucumbíos (norte), Morona Santiago (centro-sur) y Zamora Chinchipe (sur), que concentran la mayor actividad minera ilegal. Otras provincias afectadas son las norteñas Imbabura y Esmeraldas, así como las sureñas Azuay, Loja y El Oro. Fin