LA PAZ, 4 sep (Xinhua) — El Gobierno de Bolivia aprobó hoy miércoles un decreto supremo que permitirá a gobernaciones, municipios y empresas públicas concesionar proyectos de infraestructura. La medida, anunciada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, durante una conferencia de prensa, busca dinamizar la inversión y acelerar la construcción de obras en todo el país. Las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y las empresas públicas “van a poder tener la posibilidad de hacer concesiones en las obras públicas”, declaró Montenegro. Esta nueva normativa otorga a las ETA mayor flexibilidad para llevar a cabo proyectos de gran envergadura, como la construcción de carreteras, puentes y obras de saneamiento básico. Hasta ahora, la legislación solo permitía la concesión de servicios, lo que limitaba las opciones de financiamiento y ejecución de obras públicas. Según Montenegro, este cambio permitirá a los gobiernos subnacionales adaptar los proyectos de infraestructura a las necesidades específicas de cada región, promoviendo una mayor participación de la inversión privada y estimulando la economía interna. No obstante, reconoció que ello presenta desafíos. La concesión de obras públicas requiere una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios, así como de mecanismos de control para garantizar la transparencia y la eficiencia en la ejecución de los proyectos, advirtió el ministro. Además, subrayó que, si alguna gobernación o municipio desea concesionar la construcción de una obra carretera, “lo va a poder hacer en términos de lo que establece este decreto supremo”. “Además, van a tener que determinar y ser responsables de elementos como aquellos relacionados con el contrato, condiciones del mismo, evaluación, selección, adjudicación, las garantías y todas las condiciones que tienen estos contratos de concesión”, aseveró. Montenegro enfatizó que las gobernaciones y municipios deberán contar con las capacidades técnicas y financieras necesarias para llevar a cabo estos procesos de concesión. Asimismo, será crucial establecer un marco regulatorio claro y transparente para evitar posibles casos de corrupción y asegurar que los intereses de la población estén protegidos. Fin