MÉXICO, 21 sep (Xinhua) — La lucha contra la corrupción en México ha derivado en procesos penales contra 53 servidores públicos y 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) durante los dos primeros años del actual Gobierno, señaló este martes la secretaria (ministra) de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. La ministra presentó, durante la conferencia informativa del Gobierno en Palacio Nacional, un balance de las acciones emprendidas contra servidores públicos y particulares por presuntas irregularidades, que incluyen delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado. De acuerdo con el informe, durante el mismo periodo, 4.193 servidores públicos han sido sancionados administrativamente, mientras que 1.737 expedientes fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde 87 casos ya han derivado en sanciones y 1.650 continúan en proceso. Buenrostro explicó que las 517 denuncias presentadas ante la FGR buscan que se proceda penalmente contra funcionarios presuntamente involucrados en algún delito. “¿Cuáles son los principales delitos que observamos cuando nosotros mandamos la denuncia a la Fiscalía? Enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado”, indicó. Del total de servidores públicos sancionados administrativamente, 3.528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves. Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran el otorgamiento o autorización de pagos indebidos, la sustracción de información bajo responsabilidad de los funcionarios (que podría incluir datos personales), la autorización de pagos por bienes o servicios no entregados, compras injustificadas, falsificación de documentos, así como hostigamiento y acoso sexual. En cuanto a los particulares, la secretaria informó que 286 personas morales han sido sancionadas, de las cuales 222 empresas fueron inhabilitadas y 64 recibieron únicamente multas. El monto acumulado de las sanciones económicas impuestas a esas empresas asciende a 147,3 millones de pesos. Fin
