RÍO DE JANEIRO, 31 jul (Xinhua) — El paquete de 34 medidas anunciado recientemente por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para flexibilizar las reglas de venta de armas facilitará el acceso de las facciones criminales brasileñas a armamento pesado, alertaron especialistas brasileños en seguridad pública. Las propuestas del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) estadounidense incluyen la compra de armas por correo, la reducción del tiempo de almacenamiento de registros de ventas y una consulta más laxa sobre los antecedentes de los compradores, medidas que preocupan a Brasil, ya que ciertamente facilitarán el acceso de las facciones brasileñas a esas armas. “Estados Unidos ya tiene un problema en esa regulación, que es vender piezas semipreparadas sin ningún tipo de control ni registro. Esas piezas son un problema serio para Brasil”, explicó a Xinhua el consultor sénior del Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani, quien agregó que las armas desmontadas son más fáciles de enviar por correos al pasar desapercibidas en los controles aduaneros. Un estudio reciente del propio Langeani, realizado junto a Natalia Pollachi, mostró que de las 1.700 incautaciones de fusiles ilegales en la región sudeste de Brasil entre 2019 y 2023, el 54 por ciento tenía origen en Estados Unidos, lo que coloca a ese país como el principal proveedor de fusiles ilegales para el crimen organizado en Brasil. Datos de la ATF indican que entre 2018 y 2022, el 73 por ciento de las armas incautadas en países del Caribe tenían origen estadounidense. El científico social Robson Rodrigues, investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), señaló la “contradicción” de la política de Trump que, por un lado, se propone combatir a los cárteles latinoamericanos y por otro libera el acceso a las armas. “Clasifican a los cárteles como organizaciones terroristas, pero no hacen el mínimo esfuerzo conjunto para disminuir su acceso a las armas. Y no es solo la cuestión de las armas, sino también el lavado de dinero”, señaló Rodrigues. “Esos intereses económicos de la industria armamentista están por encima de cualquier interés humanitario o social”, afirmó el investigador, quien subrayó que el combate a la violencia debe atacar también el lado de la demanda de drogas que se concentra dentro de Estados Unidos, donde las organizaciones criminales domésticas “lucran más que los cárteles en México o en Brasil”. “Las organizaciones criminales domésticas en Estados Unidos y Europa lucran más que los cárteles porque venden al por menor, aumentando el margen de ganancia. Hay que combatir en todos los frentes, no solo cercar un lado y dejar el otro abierto”, añadió. En septiembre de 2025, el Gobierno de Trump revocó restricciones para la exportación de armas a 36 países, incluidos Paraguay, Colombia, Surinam, Bolivia y Perú, vecinos de Brasil. El Departamento de Comercio estadounidense justificó que la medida permitiría a los fabricantes competir en mercados extranjeros, generando “cientos de millones de dólares por año en oportunidades de exportación”. Los especialistas brasileños coincidieron en que el poderoso “lobby” de la industria armamentista, que entre 2008 y 2024 aumentó su facturación en un 379 por ciento al alcanzar 91.700 millones de dólares, explica el giro desregulador de la administración Trump, pese a las consecuencias para la seguridad regional. “Al ampliar la oferta y la facilidad de adquisición en Estados Unidos, evidentemente las armas llegarán aquí con más fuerza”, añadió Rodrigues. Fin