BRASILIA, 3 jun (Xinhua) — El Gobierno de Brasil expresó este miércoles su “profundo desacuerdo” con las conclusiones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) sobre presuntas deficiencias en el control de importaciones de mercancías producidas con trabajo forzado y advirtió que podría responder mediante mecanismos previstos en su legislación de reciprocidad comercial. En un comunicado, el Palacio de Planalto señaló que recurrirá a los instrumentos contemplados en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional (Parlamento), para reaccionar ante lo que calificó como “situaciones de injusticia” contra el país. La legislación permite aplicar a otros Estados medidas equivalentes a las restricciones, gravámenes o barreras comerciales que estos impongan a Brasil. La reacción del Gobierno brasileño se produjo después de que una investigación del USTR concluyera el martes que 59 países, entre ellos Brasil y la Unión Europea, no aplican prohibiciones suficientes a la importación de mercancías producidas con trabajo forzado. Como resultado de esa evaluación, el Gobierno estadounidense propuso imponer aranceles adicionales del 12,5 por ciento sobre todos los productos procedentes de esos países. Brasil afirmó que se reserva el derecho de utilizar los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad para enfrentar medidas que considere carentes de fundamento en las normas del comercio internacional. Asimismo, aseguró que adoptará todas las acciones necesarias para mitigar eventuales impactos sobre la economía nacional, el empleo y los ingresos de la población brasileña. El Gobierno destacó además que la Organización Internacional del Trabajo reconoce desde hace décadas a Brasil como una referencia internacional en la lucha contra el trabajo esclavo y forzado, gracias a una combinación de fiscalización, mecanismos de responsabilización, cooperación institucional y compromiso político. También recordó que los acuerdos de libre comercio suscritos por Brasil y el Mercado Común del Sur (Mercosur), incluidos los pactos con Chile, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), incorporan compromisos estrictos para la eliminación del trabajo forzado y otras formas de explotación laboral. Fin