QUITO, 15 mar (Xinhua) — Desde la noche de este domingo hay vigente un toque de queda en cuatro provincias costeras de Ecuador afectadas por la violencia criminal, una medida decretada por el Gobierno para los próximos 16 días con el objetivo de reforzar la lucha contra el crimen organizado. La disposición fue ordenada mediante decreto ejecutivo por el presidente Daniel Noboa. Y estará vigente del 15 al 31 de marzo, entre las 23:00 y 05:00 hora local, en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. El mandatario ecuatoriano aseguró que la decisión forma parte de una nueva fase de la estrategia gubernamental para enfrentar al crimen organizado, que también contemplará cooperación internacional. Según las autoridades, el objetivo del toque de queda es reducir la presencia de civiles en las calles durante la madrugada para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan destinar menos personal al patrullaje y concentrarse en operativos tácticos directos contra las estructuras criminales y sus economías ilegales. El Ministerio del Interior precisó que la medida suspende la libertad de tránsito y establece penas de uno a tres años para quienes la incumplan sin justificación. El comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávila, pidió comprensión a la ciudadanía durante el toque de queda, aclarando que habrá excepciones por motivos de fuerza mayor. Y destacó que la medida busca enfrentar a grupos de delincuencia organizada y redes de narcotráfico en el país. La medida del toque de queda contempla excepciones para personal de salud, fuerza pública, entidades de seguridad y organismos de gestión de riesgos. También podrán movilizarse en ese horario los pasajeros y trabajadores vinculados a vuelos internacionales desde y hacia el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en la ciudad suroccidental ecuatoriana de Guayaquil, quienes deberán presentar su tarjeta de embarque o credencial institucional. Ecuador enfrenta desde enero de 2024 un “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno contra bandas vinculadas al narcotráfico calificadas como “terroristas”. Fin