SAO PAULO, 17 nov (Xinhua) — Brasil, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, deberá rastrear integralmente las cadenas productivas de la ganadería, el oro y la madera, además de desarticular las redes de lavado de dinero vinculadas a la deforestación, si quiere frenar la expansión de los crímenes ambientales, según un estudio de expertos divulgado este lunes por el conglomerado empresarial Grupo Esfera. La investigación, elaborada por el Instituto Esfera, analiza el “nexo económico invisible” que conecta la tala ilegal, la extracción clandestina de oro en la Amazonia y la ganadería irregular con la economía formal. El estudio, divulgado a la prensa durante un seminario virtual, sostiene que será necesario ampliar el grupo de empresas obligadas por la Ley de Lavado de Dinero (9.613/98) a reportar operaciones sospechosas al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), de la Receita Federal, organismo recaudador de impuestos. Entre los sectores que deberían incorporarse a este seguimiento, el documento destaca a frigoríficos, aserraderos y empresas exportadoras, considerados eslabones críticos donde se blanquean productos de origen ilícito. El informe plantea que la fiscalización debe partir del mapeo completo de la cadena de suministro en los sectores de la ganadería, el oro y la madera, dado que los controles actuales no detectan la contaminación ilegal en la primera venta. Subraya además que es indispensable extender la regla de “conocer a su cliente” a todos los eslabones, exigir el registro sistemático de operaciones y notificar al Coaf cualquier transacción sospechosa. La publicación, titulada “Lavado de dinero y crímenes ambientales: Propuestas para perfeccionar las normas de prevención aplicables a los sectores vinculados a la minería de oro, extracción de madera y ganadería”, fue elaborada por la abogada Marina Brecht, máster en Derecho Penal por la Universidad de São Paulo. El estudio advierte que el modelo actual de fiscalización es insuficiente, debido a que la criminalidad ambiental opera con estructuras comerciales y logísticas complejas, aprovechando vacíos normativos y la falta de controles sobre proveedores. La divulgación del informe coincide con la última semana de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se desarrolla en la ciudad brasileña de Belém, en plena Amazonia. La directora ejecutiva del Instituto Esfera, Camila Funaro Camargo Dantas, afirmó que la criminalidad ambiental es cada vez más sofisticada. El documento también alerta sobre la contaminación por mercurio generada por la minería ilegal de oro, que afecta los ríos amazónicos y pone en riesgo tanto al ecosistema como a la alimentación de pueblos indígenas y comunidades ribereñas. El informe cita estimaciones del Banco Mundial, según las cuales los delitos ambientales mueven cerca de un billón de dólares anuales, convirtiéndose en una pieza central de un sistema financiero ilícito global de “alto retorno y bajo riesgo”. Brasil opera simultáneamente como origen, ruta y destino de estos flujos criminales. Fin