BRASILIA, 30 jul (Xinhua) — La aplicación de sanciones económicas previstas en la Ley Magnitsky contra el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, por parte del Gobierno de Estados Unidos, representa un “grave e inaceptable ataque a la soberanía” del país sudamericano, afirmó hoy miércoles el abogado general de la Unión (AGU), Jorge Messias. Messias afirmó en un comunicado que “cualquier intento de intimidación del Poder Judicial brasileño, sobre todo cuando busca afectar la integridad del ejercicio de sus funciones constitucionales, merece un fuerte repudio”. “La aplicación arbitraria e injustificable, por parte de los Estados Unidos, de las sanciones económicas previstas en la Ley Magnitsky contra un miembro de la magistratura nacional, representa un grave e inaceptable ataque a la soberanía de nuestro país”, enfatizó. El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que todos los eventuales bienes de Alexandre de Moraes en ese país están bloqueados, así como cualquier empresa que esté vinculada a él. El juez tampoco puede realizar transacciones con ciudadanos y empresas estadounidenses. La sanción fue promovida por aliados del expresidente Jair Bolsonaro en Estados Unidos, entre ellos su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, que acusan a Moraes de persecución y censura, debido al papel central del magistrado en la conducción de procesos contra el expresidente, incluyendo la acusación por un intento de golpe de Estado a fines de 2022. Messias manifestó su “total solidaridad” con el juez Moraes “ante medidas que atentan contra la autoridad y la independencia de nuestras instituciones”. “La existencia de una Justicia independiente es un pilar esencial de cualquier democracia y nosotros, los brasileños, jamás admitiremos sufrir acoso político contra quien aquí cumple su deber constitucional”, afirmó. “No nos doblegaremos ante presiones ilegítimas que intentan manchar el honor y disminuir la grandeza de nuestra nación soberana”, subrayó. Agregó que todas las medidas adecuadas, que son responsabilidad del Estado brasileño para salvaguardar su soberanía e instituciones, especialmente en relación con la autonomía de su Poder Judicial, “serán adoptadas de forma ponderada y consciente en los foros y momentos adecuados”. “¡La soberanía no se negocia!”, concluyó. Fin