BUENOS AIRES, 10 jul (Xinhua) — La Justicia Federal de Argentina dispuso hoy jueves el procesamiento del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado durante su mandato, maniobras que habrían redundado en beneficios al esposo de su secretaria privada. La medida fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello, quien procesó a Fernández bajo la acusación de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. El artículo 265 del Código Penal del país sudamericano reprime con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, al funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. La norma indica que se aplicará también multa de dos a cinco veces del valor del beneficio indebido pretendido u obtenido. El juez Casanello dijo en su decisorio que el corredor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, secretaria privada del exmandatario, fue beneficiado por el decreto 831 del año 2021 que firmó Fernández para que entidades públicas contrataran los servicios de la empresa Nación Seguros. Casanello embargó a Fernández por la suma de 14.634.220.283 de pesos (unos 11.653.768 de dólares). Además, procesó a otras 33 personas, entre ellas Cantero, por “negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria” y Martínez Sosa como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles. El magistrado incluyó entre los procesados al exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano, por “administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles”, así como a exintegrantes del directorio, como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Mauro Tanos y Carlos Soria. La pesquisa comenzó ante una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que pidió se investigue la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La denuncia pidió que se investiguen presuntas irregularidades en torno al decreto presidencial por el que se dispuso que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, medida con la cual, según la denuncia, se habrían beneficiado allegados al exmandatario con comisiones millonarias en su carácter de intermediarios aseguradores. Fernández ha rechazado las acusaciones en su contra y ha dicho que durante su mandato no hizo “negocios con nadie” y que “lo único” que se llevó del Estado fue “el enorme honor de ser presidente de los argentinos”. El exmandatario se presentó la semana pasada para ampliar su declaración ante el magistrado, ya que la primera vez que brindó testimonio fue en noviembre del año pasado ante otro juez federal, Julián Ercolini, quien tenía la investigación a su cargo y fue recusado por la defensa de Fernández. Fin