RÍO DE JANEIRO, 21 may (Xinhua) — El Senado de Brasil aprobó hoy, por 54 votos a favor y 13 en contra, un nuevo marco legal para el licenciamiento ambiental, tras más de dos décadas de polémicas y debates, y pese a contar con la oposición del Gobierno. El proyecto de ley, que ahora retorna a la Cámara de Diputados debido a modificaciones realizadas por los senadores, establece nuevas directrices para los procesos de licenciamiento ambiental, flexibilizando los requisitos en algunos casos. La propuesta, en discusión desde hace 21 años, 17 de ellos en la Cámara de Diputados y cuatro en el Senado, busca actualizar la legislación ambiental brasileña y agilizar los procedimientos para autorizar obras y actividades económicas en el país. Sin embargo, ha generado fuertes críticas de organizaciones ambientales, sectores del Gobierno y parte de la comunidad internacional, que ven en el texto una amenaza a los avances en materia de protección ambiental. Entre los puntos más polémicos del proyecto se encuentra la dispensa de licenciamiento para actividades consideradas de bajo riesgo ambiental o que deban ejecutarse por motivos de soberanía nacional o en situaciones de calamidad pública. También se excluyen del proceso de licenciamiento los cultivos de especies agrícolas de interés nacional y la ganadería extensiva, semintensiva e intensiva de pequeño porte. Asimismo, se crea una nueva modalidad de autorización llamada Licencia por Adhesión y Compromiso (LAC), destinada a actividades de pequeño y mediano porte con bajo o medio potencial contaminante. Esta licencia podrá ser obtenida mediante una autodeclaración por parte del empresario, comprometiéndose a cumplir con requisitos previamente establecidos por la autoridad ambiental competente. Uno de los temas que más ha generado preocupación entre ambientalistas y organismos oficiales es la LAC. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA), esta modalidad basada en autodeclaración representa un riesgo significativo para la gestión socioambiental. En una nota oficial divulgada este miércoles, el ministerio calificó el proyecto como una “desestructuración significativa” del marco normativo vigente, con potenciales impactos negativos para la seguridad ambiental y social del país. “La propuesta podría aumentar los índices de judicialización, lo que haría el proceso de licenciamiento más lento y costoso para la sociedad y para el Estado brasileño”, indicó la nota. El MMA también criticó el hecho de que los emprendimientos autorizados bajo la LAC podrían ser fiscalizados solo por muestreo, lo que implicaría la eliminación de controles sistemáticos por parte de los órganos ambientales. Las organizaciones ambientales han sido aún más contundentes. Diversas entidades señalaron que la aprobación del proyecto constituye el mayor retroceso legislativo en materia ambiental desde la Constitución de 1988. Entre los puntos más cuestionados figura la exclusión del licenciamiento para actividades agropecuarias, un sector históricamente asociado a la deforestación y al cambio en el uso del suelo en regiones sensibles como la Amazonía. En lo que respecta a las sanciones, el Senado también aprobó un aumento en la pena por construcción o reforma de obras potencialmente contaminantes sin licencia ambiental. La condena pasó de una pena de prisión de uno a seis meses a un nuevo rango de seis meses a dos años, además de la posibilidad de multa, o ambas sanciones de forma acumulativa. Fin