CARACAS, 22 abr (Xinhua) — El Gobierno de Venezuela advirtió hoy martes a El Salvador que la detención de 252 ciudadanos venezolanos en ese país podría configurar una serie de delitos internacionales, entre ellos desaparición forzada, violaciones al debido proceso, xenofobia institucional y traslado forzoso sin respaldo judicial. La Cancillería venezolana expresó esta noche su preocupación en una nota oficial enviada en respuesta a una comunicación de El Salvador. Se trata de jóvenes migrantes venezolanos que fueron capturados por autoridades migratorias estadounidenses, deportados el pasado 16 de marzo a El Salvador y encarcelados en una prisión de máxima seguridad, sin haber sido sometidos a ningún proceso judicial previo ni posterior a su detención. Según el documento de Caracas, los migrantes fueron privados de libertad arbitrariamente, sin orden judicial ni juicio previo, y recluidos en un centro de máxima seguridad bajo condiciones “degradantes e inhumanas”, sin contacto con abogados ni familiares. Además, Venezuela rechazó que se les atribuya, sin pruebas, una vinculación con bandas criminales transnacionales, lo que, a juicio de su Cancillería, vulnera el principio de presunción de inocencia y promueve la criminalización colectiva basada en la nacionalidad. El texto también señala que la falta de información sobre los cargos, la ausencia de asistencia jurídica y la no comparecencia ante tribunales convierte a los detenidos en víctimas de desaparición forzada, en contravención de normas del derecho internacional general. Otro punto de alarma fue la propuesta de El Salvador de canjear a los detenidos por personas presas en Venezuela por delitos graves. Caracas calificó esta idea como una “aberración legal, sin precedente en el marco de las relaciones bilaterales”, y subrayó que la mayoría de los detenidos no poseen ciudadanía salvadoreña. Asimismo, el Gobierno venezolano responsabilizó a las autoridades de Estados Unidos por haber ejecutado un traslado forzoso de estos ciudadanos a El Salvador sin orden judicial, lo cual consideró una violación de normas internacionales y de principios constitucionales estadounidenses. Ante este escenario, Venezuela exigió la “liberación inmediata e incondicional” de los 252 ciudadanos detenidos y responsabilizó al Estado salvadoreño por cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir los ciudadanos venezolanos. La Cancillería exhortó también a El Salvador a responder con urgencia un cuestionario enviado por el Ministerio Público venezolano, que busca establecer la identidad de los detenidos, los cargos que se les imputan, su situación judicial y procesal, y la entrega de pruebas de vida verificables a sus familiares. Fin