PANAMÁ, 2 ene (Xinhua) — El certificado de defunción de Sabino Rivera Santamaría, quien en 2004 murió en Panamá tras pisar una bomba sin detonar dejada por el Ejército de Estados Unidos, forma parte de la muestra artística “Bombas no detonadas”, que se presenta en el Museo del Canal Interoceánico. Rivera Santamaría falleció desmembrado a pleno mediodía del 29 de julio de 2004, tras pisar un explosivo sin detonar en el polígono de tiro de Piña, en la provincia panameña de Colón. “Bombas no detonadas” se presenta en la sala “Ruta por la soberanía 1903-1964” como producto de la Residencia Artística FARO 2024 a cargo del artista Alfredo J. Martíz y estará disponible al público hasta febrero de este año. Para poder conjuntar su muestra que incluye fotografías y un video, Martíz, arquitecto de formación, tuvo acceso a los archivos en custodia del Museo del Canal Interoceánico, ubicado en la antigua Ciudad de Panamá, además de buscar documentos en distintas bibliotecas estatales. Martíz detalló en entrevista con Xinhua los pormenores de las investigaciones realizadas sobre un “tema no resuelto”. “No se hizo una limpieza profunda (de los polígonos). Estados Unidos alegó que se hizo la limpieza hasta donde era posible (…) argumentaban que el hacer una limpieza profunda podía perjudicar al territorio”, dijo. El entrevistado sostuvo que en el país de América Central, que fue territorio colonial de Estados Unidos desde el siglo XIX, se rechaza tal argumento. A pocos días de que Panamá se separara de Colombia en 1903, Estados Unidos y la nación centroamericana firmaron el Tratado Hay-Bunau Varilla. En dicho documento, el nuevo Estado concedía a Estados Unidos la perpetuidad del Canal de Panamá, además de permitir el establecimiento de una franja civil y militar de 16 kilómetros conocida como Zona del Canal de Panamá. “Durante la Segunda Guerra Mundial se firmó el convenio Fábrega-Wilson (1942) que permitió el establecimiento de alrededor de 135 bases militares (estadounidenses) en la República de Panamá. Eso incluía pistas áreas, baterías antiaéreas, bases navales, etcétera”, explicó Martíz. Dicho convenio establecía que finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos debía abandonar dichas bases militares, pero en 1947 se intentó legalizar varias de esas bases a través del convenio Filós-Hines, lo que fue rechazado en las calles por el pueblo panameño. Una vez firmados los Tratados Torrijos-Carter en 1977, se estableció que para el 1 de enero del 2000 no podía estar en funcionamiento ninguna base ni tropas militares de Estados Unidos en Panamá. Los principales polígonos de tiro que se construyeron fueron al sur y al norte del Canal de Panamá, cuya utilización fue para entrenamientos y maniobras militares con énfasis especial en el uso de explosivos, además de agentes químicos en algunos casos, todos utilizados por Estados Unidos durante su enclave. El historiador ambiental, Guillermo Castro Herrera, se refirió a las complejidades del tema al haber sido Panamá un protectorado militar. Castro Herrera es miembro del Grupo de Trabajo Institucional que en 1999 publicó la memoria “El proceso de saneamiento de las bases militares y otras áreas utilizadas por los Estados Unidos en la República de Panamá”. “Su rol dentro del equipo interdisciplinario establecido bajo la gestión del exmandatario panameño, Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), era dimensionar el problema. Nuestro propósito era buscar que Estados Unidos limpiara ese terreno que había ensuciado”, indicó. Refirió en tal sentido que la invasión ejecutada por Estados Unidos en 1989, fue una acción “extremadamente cruel” contra el pueblo panameño. De acuerdo con el historiador ambiental, la nación de América Central “pagó” un costo por tener un canal, pero el mayor fue que el Canal de Panamá funcionara como un complejo militar industrial de Estados Unidos. El historiador ambiental se refirió además a los “focos de contaminación no atendidos” durante un siglo en Panamá. “Tenemos un problema bien complejo. Cuando su país es convertido en un protectorado militar y permanece en esa condición durante un siglo, usted va a encontrar la huella de ese proyecto en todas partes. Uno nunca sabe cuándo se va a encontrar con un proyectil de hace 40 años y dónde”, sostuvo Castro Herrera. En tanto, la también integrante del Grupo de Trabajo Institucional que elaboró la memoria, Lourdes Lozano, se refirió a la labor educativa entre la población sobre los riesgos que existieron al entrar a uno de esos polígonos. Sostuvo que la gente recogía todo lo que los militares dejaban como aluminio, granadas o bombas, es decir, existía un nivel de percepción “mínimo” sobre el riesgo. En su contacto cercano con las personas, Lozano se percató de la manera en que los pecadores de la provincia de Colón retornaban de la pesca con barriles que tenían gasas y fósforo blanco, un elemento químico de uso militar, en una zona que registró varios menores de edad que murieron quemados. Fin