SANTIAGO, 12 nov (Xinhua) — Latinoamérica y el Caribe ha logrado revertir el aumento de la pobreza por la pandemia, con la cifra más baja en 2023 desde que existe registro comparable, pero persiste una alta desigualdad en los ingresos de los hogares de la región, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con sede en Santiago de Chile. De acuerdo con la CEPAL, para erradicar la pobreza es necesario establecer un estándar de inversión en la protección social y transferencias no contributivas, así como políticas integrales para reducir la desigualdad y promover la movilidad social. El organismo internacional presentó este martes el informe “Panorama social de América Latina y el Caribe 2024: Desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo”, en el que aseguró que el porcentaje de la población latinoamericana en situación de pobreza en 2023 fue del 27,3 por ciento. La CEPAL explicó que dicha cifra significó una disminución de 1,5 puntos porcentuales respecto del año anterior, un efecto atribuido principalmente a las políticas sociales implementadas en Brasil (donde vive un tercio de la población latinoamericana), y más de 5 puntos porcentuales comparado con 2020, durante la crisis sanitaria por la COVID-19. Por su parte, la tasa de pobreza extrema alcanzó un 10,6 por ciento en la región, inferior a la de 2022 en 0,5 puntos porcentuales, pero por encima de los niveles de 2014. Pese a los avances, declaró el informe, “aún 172 millones de personas no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades elementales y, entre ellas, 66 millones no pueden adquirir una canasta básica de alimentos”. En el documento desglosado esta jornada por el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, se exhibió que “la pobreza continúa afectando más a las mujeres que a los hombres en edad laboral, mientras que el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza es considerablemente más alto que el de otros grupos etarios”, dijo. Se suma que la condición de pobreza también es mayor en las zonas rurales (39,1 por ciento), en relación con las zonas urbanas (24,6 por ciento). En cuanto a la desigualdad, la CEPAL explicó que entre 2022 y 2023 no hubo variaciones significativas en los niveles de ingresos en la región, manteniéndose una alta disparidad. “La distribución de la riqueza es significativamente más desigual que la del ingreso”, dijo la CEPAL, dado que el 10 por ciento de las personas con mayores ingresos concentró en 2021 el 66 por ciento de la riqueza total y el 1 por ciento más rico el 33 por ciento. El informe advirtió a su vez que en la región existen altos niveles de desprotección social. “La protección social no contributiva es fundamental en los hogares del primer quintil de menores ingresos, dado que uno de cada dos de esos hogares accede a la protección social por esta vía”, apuntó la comisión de las Naciones Unidas. Lo anterior, quiere decir que las políticas de transferencias monetarias o en especies, como la alimentación escolar o los programas de inclusión laboral, son herramientas clave para vincular a las personas con los servicios sociales y avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad. “Enfrentar la crisis del desarrollo en la región requiere avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes. Para ello, urge robustecer la institucionalidad social con capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas”, declaró el secretario ejecutivo. Según el reporte, el gasto social alcanzó en 2023 un 11,5 por ciento del producto interno bruto en América Latina, similar al de 2022, siendo el primer componente del gasto público total. En el Caribe, en tanto, la participación del gasto social en relación con el total bajó al 41,3 por ciento el año anterior, lo que significó una ampliación de la brecha ya existente con los países latinoamericanos. Finalmente, la edición anual incluyó un capítulo sobre la protección social ante la crisis de los cuidados y el envejecimiento de la población, un escenario que demanda políticas con enfoque de género, interseccional y de derechos. Fin