LA PAZ, 7 oct (Xinhua) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, instruyó hoy lunes a las Fuerzas Armadas a militarizar las fronteras de la nación sudamericana para frenar la salida ilegal de productos, principalmente alimentos, a países vecinos. “Hemos instruido ya a nuestras Fuerzas Armadas militarizar las fronteras, a que no dejemos que salgan los productos vía contrabando, y todavía estamos sacando gradualmente varias normativas para endurecer el control en las fronteras”, señaló el mandatario durante su discurso por el 73 aniversario de la Confederación de Trabajadores Fabriles. De acuerdo con la estatal Agencia Boliviana de Información, productos nacionales como azúcar y arroz, entre otros, son comercializados de manera ilegal a un precio más elevado en mercados de Brasil, Chile y Argentina, lo que provoca el incremento de precios en el mercado interno. “Tenemos que endurecernos como bolivianos porque, hoy por hoy, gracias a nuestra producción de alimentos, muchos países vecinos están aprovechando y están viviendo de ese costo de producción bajo” en Bolivia por las subvenciones, señaló. Más temprano, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó a la prensa que el Comité de Seguridad Alimentaria solicitó la militarización en fronteras con Perú, Brasil y Argentina para contrarrestar el llamado “contrabando a la inversa”. Señaló que productos como arroz, pollo, carne de res, carne de pollo, huevo, aceite y otros productos están siendo contrabandeados hacia países vecinos, donde alcanzan precios significativamente más altos de lo que cuestan en el país. Ejemplificó que en Perú, el precio del pollo se duplica, lo que ha creado incentivos para que los contrabandistas continúen sacando alimentos de Bolivia. Silva manifestó que esta salida masiva de productos de forma ilegal ha reducido la oferta disponible en el mercado interno, generando presiones inflacionarias que afectan directamente a los consumidores bolivianos. El viceministro enfatizó que la militarización de las fronteras pretende asegurar que los alimentos producidos en el país permanezcan en el mercado interno a precio justo, lo que ayudaría a estabilizar la oferta y reducir el impacto inflacionario. Fin