BUENOS AIRES, 26 sep (Xinhua) — Universidades de Argentina iniciaron hoy jueves un paro nacional por 48 horas en reclamo de mejoras salariales para el personal docente y no docente, y en demanda de fondos presupuestarios para su funcionamiento. La medida de protesta se adoptó luego de que el Gobierno del presidente Javier Milei confirmara que vetará la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que aprobó el Congreso el pasado 12 de septiembre y que el Ejecutivo considera contraria a su política de déficit cero. El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, dijo durante una reunión del Consejo Superior de esa casa de estudios que “el Gobierno tiene un plan sistemático, metódico y gradual, para la destrucción de la educación pública”. “La prueba de esto es que un Gobierno que va a vetar una ley de financiamiento, que implicaba muy poco porcentaje del PIB del país, es un Gobierno que no está apuntando a la educación, ni a la ciencia, ni a la parte social de las universidades. Esto no es política, es un reclamo por el futuro del país”, planteó Gelpi. La protesta de este jueves supuso la continuidad de reclamos similares realizados por 72 horas entre el 12 y el 14 de agosto, durante 48 horas entre el 20 y 21 de agosto, y por 24 horas, el 12 de septiembre. Los gremios de trabajadores universitarios han denunciado que la brecha entre los aumentos salariales recibidos este año y la inflación acumulada entre enero y agosto “supera en general el 57 por ciento y llega al 101, 8 por ciento” en los cargos iniciales. El reclamo de esta jornada fue protagonizado por distintas entidades gremiales, entre ellas el Sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA), que explicó a través de un comunicado que la medida se adoptó “contra el ajuste de Milei, en defensa de nuestros salarios y la Ley de Financiamiento Universitario”. “Con docentes y no docentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible”, planteó ese sindicato. La Ley de Financiamiento que aprobó el Congreso el 12 de septiembre declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional y, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, tiene un impacto fiscal equivalente al 0,14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El texto aprobado por el Poder Legislativo prevé un mecanismo de actualización bimestral del presupuesto universitario, según una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor, la variación del tipo de cambio (paridad peso-dólar) y la variación en las tarifas de los servicios públicos. El Gobierno ha dicho que la iniciativa no cumple con las normas locales, ya que no especifica de dónde saldrían los fondos para atender al mayor gasto. “No vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal”, advirtió recientemente el jefe del Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, mientras que el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo este jueves que hay “con las universidades un diálogo permanente desde el inicio de la gestión”, en diciembre pasado. El vocero presidencial aseguró durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno que “hubo un 270 por ciento de aumento en los gastos de funcionamiento, que se les ha transferido. La pauta salarial creció un 76,1 por ciento. Entendemos que las medidas de fuerza y movilizaciones no alimentan el diálogo”. La UBA consideró a través de un comunicado que “el sistema público de educación superior enfrenta una situación crítica debido a la falta de respuesta del Gobierno para actualizar el presupuesto universitario, el profundo deterioro de los salarios de sus docentes, no docentes e investigadores, y la amenaza del Poder Ejecutivo de vetar la Ley de Financiamiento Universitario”. Por esa razón, además del paro de este jueves y viernes, el sistema universitario nacional realizará una jornada de protesta, con movilización al Congreso, el 2 de octubre próximo. La UBA explicó en su comunicado que esa marcha “será una nueva protesta masiva contra el riesgo de desfinanciamiento que compromete seriamente las funciones esenciales de la Universidad, así como la calidad académica, la investigación científica y la atención médica a más de medio millón de pacientes anuales en sus centros hospitalarios”. Fin