QUITO, 8 jul (Xinhua) — La Asamblea Nacional (Congreso) de Ecuador aprobó hoy lunes el incremento de penas en 12 delitos, entre ellos terrorismo y narcotráfico, en cumplimiento a los resultados de la consulta popular y referendo constitucional del Gobierno que se celebró el pasado 21 de abril. El Congreso indicó en un comunicado que se aprobó por “unanimidad” con 132 votos la Ley Orgánica para la Aplicación de la consulta popular y referéndum, que conlleva reformas al Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. “Son 24 artículos, 2 disposiciones transitorias y una derogatoria que responden a la necesidad de seguridad de la ciudadanía y lo que pidió la gente en la consulta popular y referéndum 2024”, precisó el órgano legislativo. Añadió que la aprobación se dio una vez transcurrido el plazo de 48 horas otorgado a una Comisión Multipartidista para sistematizar las observaciones recogidas durante el segundo debate realizado la semana pasada. “Esta normativa es un paso más hacia la construcción de un Ecuador con mejores condiciones de seguridad para todos”, dijo el asambleísta Carlos Vera Mora, ponente del informe, citado en el comunicado. El aumento de penas fue aprobado en el contexto de la ola de violencia e inseguridad que golpea a Ecuador y que llevó al Gobierno a declarar en enero pasado un “conflicto armado interno” contra bandas criminales calificadas como “terroristas”. De acuerdo con lo aprobado, en el caso de terrorismo la pena pasa de 10 años de prisión a 26 años; por tráfico de drogas de un máximo de 13 años pasa hasta 26, y por financiación del terrorismo de un máximo de 10 años pasa a 26. Asimismo, la delincuencia organizada se castigará con pena de entre 22 y 26 años; por secuestro extorsivo cambia de 22 a 26 años; mientras que el sicariato, que tiene pena máxima de 26 años pasará a 30 años, mientras que los acusados por el delito de minería ilegal podrán ser sancionados con hasta 20 años de cárcel. Otros delitos en los que se incrementaron las penas son trata de personas; asesinato; producción y tráfico de droga; lavado de activos; tráfico de armas de fuego, químicas, nucleares o biológicas. Las reformas también establecen que las personas sentenciadas por delitos relacionados al crimen organizado, narcotráfico, extorsión, tráfico de influencias o testaferrismo, entre otros, no podrán acceder al régimen abierto y semiabierto. Además, se sancionará con prisión de 10 a 13 años la tenencia o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las reformas serán enviadas al Ejecutivo que tendrá 30 días para sancionar o vetar lo aprobado por el Parlamento, previo a su publicación en el Registro Oficial. Fin