QUITO, 4 jul (Xinhua) — Las principales centrales de trabajadores, organizaciones sociales y estudiantiles de Ecuador protagonizaron hoy jueves una movilización nacional en contra del incremento del precio de los combustibles dispuesto por el Gobierno el pasado 28 de junio. La manifestación fue convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal central obrera, que logró aglutinar a 30 organizaciones sociales en la primera protesta nacional en rechazo a la política económica del presidente Daniel Noboa, que asumió el poder en noviembre pasado. La movilización, realizada en horas de la tarde con bloqueos de calles y la quema de llantas, se llevó a cabo en la capital ecuatoriana, Quito, así como en 23 de las 24 provincias del país andino, según los organizadores. En Quito, cientos de manifestantes marcharon de forma pacífica gritando consignas y portando carteles y banderas tricolor del país y de sus organizaciones, en medio de la vigilia de policías. El presidente del FUT, José Villavicencio, dijo en entrevista con Xinhua que la jornada nacional inició desde temprana hora en las provincias de Carchi (norte), Napo (centro norte) Santo Domingo (centro norte), Cañar (sur) y Cotopaxi (centro), pero el grueso de la movilización se dio en la tarde de acuerdo con lo planificado. “La protesta busca exigir al Gobierno que derogue el decreto que incrementa el precio de los combustibles. Debe entender que la política neoliberal no es la solución, al incrementar el precio de las gasolinas se afecta la situación económica del pueblo ecuatoriano, significa un alto costo de la vida”, dijo el dirigente. Agregó que la medida es “impopular” e “inflacionaria” ya que “sube la gasolina, sube todo”, con lo cual se pierde el poder adquisitivo. Desde el pasado 28 de junio, el precio de las gasolinas de bajo octanaje Extra y Ecopaís, las de mayor consumo en Ecuador, pasó de 2,46 a 2,72 dólares por galón, tras la decisión del Ejecutivo de eliminar el subsidio estatal a estos combustibles. El valor se ajustará cada mes con base en un esquema de estabilización de precios para que la tarifa no suba más de 5 por ciento o baje más de 10 por ciento, acorde con el precio internacional del petróleo y de los combustibles. Noboa elevó el precio de las gasolinas como parte de los compromisos que asumió su Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un préstamo por 4.000 millones de dólares. En ese contexto, Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), otra de las organizaciones participantes, dijo que la protesta de hoy es el inicio de una serie de “manifestaciones progresivas que buscan enfrentar el paquete de medidas económicas acordadas por el Gobierno con el FMI”. “Hoy son los combustibles, pero el Ejecutivo tiene en carpeta una reforma a la Seguridad Social, una nueva reforma tributaria”, dijo Quishpe. Las columnas de manifestantes confluyeron en la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de Quito, donde hubo varios cierres viales, en tanto, en los alrededores de la Plaza de la Independencia, donde se ubica el Palacio de Gobierno, se colocaron vallas y piquetes de policías y militares. Los dirigentes de la protesta tenían previsto entregar al Gobierno un documento con propuestas para resolver la crisis económica del país y pedir que no se ponga en ejecución el acuerdo con el FMI; además, que se declare la emergencia en los sectores de salud y educación, y se quiten los subsidios a industrias como la minera. El mandatario estuvo ausente durante la jornada de protestas ya que se encuentra en Perú cumpliendo actividades oficiales. En la movilización de este jueves no participó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), con amplio poder de convocatoria, ni los transportistas, por lo que el Gobierno consideró que la protesta perdió fuerza. A diversos sectores del transporte, el Gobierno ofreció entregar una compensación por el alza de la gasolina, así como mantener los subsidios al diésel y al gas de uso doméstico para no afectar a ningún sector popular, ni clase media. Con el fin de los subsidios, el Estado busca ahorrar unos 600 millones de dólares anuales que serán redirigidos a programas sociales, en medio de una crisis económica que llevó a Noboa a incrementar en abril pasado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 por ciento. El país enfrenta una crisis derivada de un déficit fiscal que en 2023 bordeaba los 4.800 millones de dólares, equivalente al 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el Gobierno. Fin